Presa de un fortísimo resfriado en estas cálidas latitudes, tengo tiempo para redactar algunos de mis engendros.

Hace como un mes concebí uno en el que hacía errónea alusión a los anuncios “espectaculares” colocados en distintas partes de la capital de la nación, los cuales, según yo, decían Adiós DF, bienvenida Ciudad de México. En realidad dicen: Adiós DF, hola Ciudad de México, porque la cercanía con el hello inglés les debe parecer más llegador.

En esa ocasión dije que el cambio de denominación constituía, en buena medida, el triunfo de una larga y costosa campaña de promoción política emprendida por el actual Jefe de Gobierno del DF desde el primer día de su administración.

Unas semanas antes traté de reflexionar sobre el significado que tiene un verdadero ejercicio de gerontocracia en la redacción de lo que, a la postre, será la constitución de la Ciudad de México, pues el promedio de edad del grupo al que se ha encargado esa tarea rebasa los 65 años, en una ciudad cuyos habitantes tienen, como media, 35 años.

Los acontecimientos de los días pasados en materia de contaminación ambiental, además de haber sido el motivo de un confuso dime y te diré entre las autoridades del DF y las de los estados vecinos, en particular el de México, con el agregado de la Suprema Corte de Justicia, me regresaron a la consideración del tema de la constitución citadina. Sin embargo, la mayor llamada de atención, provino del artículo de Antonio Azuela, destacado investigador universitario, titulado “De aeropuertos, tiempos y constituciones”, en el cual analiza lo que él considera los tres temas centrales de la agenda constitucional.

Me detengo en el primero de ellos, porque no comparto con el señor Azuela la convicción de que la mentada constitución vaya a traer beneficios tangibles a quienes habitan en la ciudad de manera permanente o parcial, pues algunos observadores hablan de 4 millones de personas que todos los días laborables arriban al DF y regresan a sus casas, provenientes sobre todo del Estado de México y, en alguna medida, de Hidalgo.

El primer tema que aborda Azuela  es la coordinación metropolitana, diciendo: “Nuestro régimen constitucional sobre esto tiene muchas lagunas y algunas de ellas pueden ser colmadas por las constituciones locales. Las preguntas no son triviales: ¿qué tanto de su poder de regulación urbana deben compartir los municipios y las entidades en un contexto metropolitano? ¿Hasta dónde incumbe a la Ciudad de México lo que ocurra en torno al nuevo aeropuerto y hasta dónde incumbe al Estado de México el destino del AICM?”.

Lo anterior me lleva a la conclusión de que plantear un estatuto jurídico para lo que hoy es el DF, sin considerar la dinámica metropolitana, no deja de ser una reverenda tontería, que únicamente exhibe la falta de visión de quienes lo han promovido y ahora se enfrascan en su diseño, con todos los jaloneos que pueden esperarse de una estructura política profundamente partidizada.

Desde luego, como ya lo señalé con anterioridad, la participación del ciudadano común y corriente, aquel que encara cotidianamente  los retos urbanos, no está seriamente considerada en la redacción y discusión formal de la tal constitución, pues para ello tiene que pasar por un verdadero vía crucis (muy propio de estos días), para llegar a ser uno de los constituyentes “independientes”.

No se me ocurre nombre alguno, pero eso es lo de menos. Lo importante es que la región metropolitana del valle de México y sus alrededores pudiese contar con un sólido referente jurídico, que contenga los lineamientos para garantizar su funcionalidad, lo mismo tratándose de la movilidad urbana, que del uso de los acuíferos, que de la disposición de los residuos sólidos y líquidos, que de las áreas de reserva (si es que todavía quedan algunos espacios que puedan tener tal función),  que de otros varios ingredientes que influyen en la calidad de vida de la megalópolis, como se dice ahora. Algo similar ocurre en el área metropolitana de Guadalajara y, a lo mejor, en la de Monterrey, pero no estoy familiarizado con esta última.

Pero ¿dónde encontrar el talento y la determinación para emprender tareas de esa envergadura.

Resulta más cómodo jugar a la constitucioncita y darle pelota al sanedrín, de los conocidos de siempre, parafraseando a Mario Monicelli.  Así, pues, no sólo se trata de una ofensiva constitucional, sino de una constitucionalidad ofensiva, eso sí, muy progresista.

 

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