En días pasados, el diario La Jornada divulgó información relevante acerca de los estudiantes mexicanos de 15 años que participaron en 2012 en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés: :Programme for International Student Assessment), en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En esa evaluación, que se realiza cada tres años, 55 % de los estudiantes mexicanos tuvieron bajo aprovechamiento en matemáticas, en comparación con una media de 23 % en los países que integran el organismo; en lectura fue de 41 %, frente a 18 %, y en ciencias la diferencia fue de 47%, contra una media de 18 %.

En el PISA no se mide el conocimiento escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes de poder entender y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de conocimientos de cada una de las tres áreas principales del PISA (matemáticas, ciencias y lectura).

Si se considera que, por su edad, los estudiantes evaluados deben estar finalizando la enseñanza secundaria, resulta muy preocupante imaginar cuál será su rendimiento en los siguientes niveles (medio superior y superior) en los que difícilmente habrán de encontrar eso que se ha dado en identificar como “enseñanza remedial”, que les ayude a subsanar las deficiencias acumuladas en los dos niveles básicos de la educación formal.

Y ya metidos en esa preocupación surge la siguiente pregunta: Qué resultados se obtendrían en una evaluación nacional a los estudiantes de licenciatura, en el caso de que se diseñase una metodología ad hoc, dada la diversidad de los campos de estudio, pero centrada en el mismo objetivo, es decir en las capacidades de comprensión de las diversas materias y en especial en el segmento de la lectura, que es un elemento comúnbásico en todo aprendizaje académico, para entender y resolver problemas específicos. Estamos en una encrucijada entre cantidad y calidad.

Para tener una idea del universo al que me refiero, me parece necesario señalar que las informaciones disponibles en las páginas electrónicas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES) y de Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior (FIMPES) consignan, respectivamente, la existencia de 180 y 109 instituciones afiliadas a ellas.

Por su parte, las estadísticas de la ANUIES refieren que hay 3.6 millones de estudiantes inscritos en el nivel de “técnico superior, licenciatura en educación normal, licenciatura universitaria y tecnológica” de los centros educativos que la integran. Como dato relevante, cabe señalar que dos instituciones concentran el 12.4% de esa matrícula: la UNAM (201,206) y el IPN (104,125).

En lo tocante a las instituciones de carácter privado, su proliferación es digna de tomarse en cuenta, sobre todo, si como dice un querido amigo chiapaneco, lo único que se necesita para establecer una universidad particular, es contar con un garaje, aunque algunas de ellas han resultado muy exitosas y tienen grandes instalaciones y nutrido alumnado en diferentes partes de México.

Tampoco debe dejar de mencionarse la aparición de las llamadas universidades interculturales, alentadas por la Secretaría de Educación Pública, que en el ciclo escolar 2011-2012 recibieron casi 9,500 alumnos de nivel licenciatura, en gran proporción originarios de comunidades indígenas, sin que se  encuentren datos del alumnado no indígena, el cual, desde mi punto de vista, les daría el verdadero carácter de interculturales.

La dificultad de encontrar información estadística debidamente pormenorizada y al día es característica general de todo el sistema universitario, con algunas honrosas excepciones parciales. Así, pues, no se llega fácilmente a saber cuántos estudiantes están inscritos en una determinada licenciatura. Es decir, de qué dimensiones son los contingentes de los que buscan formarse como abogados, médicos, ingenieros o contadores, para no hablar de especialidades que son poco comunes. Si bien en la página de la ANUIES se puede encontrar la relación de las instituciones asociadas a ella y las licenciaturas que imparten con el correspondiente número de personas inscritas, no se ha tenido el cuidado, la curiosidad ¡vamos!, de dedicarle un esfuerzo a la conformación de un sistema que ofrezca datos organizados, por lo menos desde el punto de vista numérico. Para dar una idea que respalde las anteriores consideraciones, baste decir que el listado general de licenciaturas registradas por la ANUIES consta de más de 22,000 renglones, cuya sistematización resulta toda una aventura, nutrida de paciencia para quien tenga interés al respecto.  De la calidad, mejor ni menealle, como diría el Quijote.

En el caso de la FIMPES la información acerca de lo que hacen las instituciones federadas es inexistente.

Un aspecto más, relacionado con lo anterior,  que debería ser analizado en caso de poder acceder a información sistematizada sobre la educación superior es el relativo a la pertinencia de las opciones que se ofrecen en el nivel de licenciatura en relación con las necesidades de desarrollo nacional. No estamos en condiciones de saber si producimos tantos ingenieros o médicos como los que necesitamos o debemos seguir produciendo abogados o contadores, por ejemplo. Y tampoco existe un trabajo institucional de seguimiento que muestre las características de la incorporación de los estudiantes titulados al mercado laboral

Todo lo cual, no hace sino confirmar nuestra falta de preocupación por contar con sistemas de información actualizados y debidamente conformados en todos los segmentos de la vida nacional.

Pero no quisiera apartarme de mi pregunta formulada anteriormente y, tengo para mí, que una evaluación sólidamente diseñada y aplicada, nos daría un panorama general muy preocupante por lo que toca a la preparación de cuadros para la conducción de las múltiples responsabilidades privadas y públicas que demanda la nación. A lo mejor con resultados muy cercanos a los del PISA mencionados en el inicio de esta nota.

Ya sé que la publicación británica Times Higher Education (THE), ubicó en 2015 a la UNAM en el sitio 75 de las mejores universidades del mundo y que  la compañía Quacquarelli Symonds presentó en 2014 el estudio Universiy Rankings: América Latina, que califica las mejores universidades de la región, ubicando al Tecnológico de Monterrey en el 7º. lugar y a la UNAM en 8º., pero un par de golondrinas no hacen verano.

 

Para terminar, estimo indispensable recordar que en 2001 se fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en la cual, conforme a información proporcionada por El Financiero en mayo del año pasado, de un total de 51 mil 333 alumnos matriculados sólo 699 se habían titulado. En el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal para  2015, la UACM tuvo una asignación de mil cincuenta y nueve millones de pesos.

Para completar el cuadro, ya está en marcha el propósito de un partido político de crear, bajo su patrocinio, una red de universidades para que el pueblo tenga asegurado el acceso a la educación superior, bajo los mismos criterios con los que se estableció la UACM, sin dar los menores detalles acerca de las características académicas que tendrá la enseñanza que se imparta en ellas. Lo que nos faltaba.

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Sobre el autor

Marco Alcázar Ávila

Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, A.C. Embajador de México en Belice. Secretario Técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por la Senadora Rosario Green. Cónsul General de México en San José, California. Publicaciones: “México y Centroamérica: una política integral”, en La política exterior de México, Metas y obstáculos. ITAM, Siglo XXI, 2013. “El ideólogo en su laberinto”, en Otro sueño americano. En torno a ¿Quiénes somos? de Samuel P. Huntington. Editorial Paidós, 2004. “Apuntes para una política hacia los mexicanos de allá”, en El Nuevo Milenio Mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004. “El Mecanismo de Tuxtla y Centroamérica en la política exterior de México”, en Revista Mexicana de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores., 2000; en coautoría con Laura Mora Barreto.

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