Una minuciosa lectura de la declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos me permitió conocer sus denuncias acerca de los múltiples hechos que tienen lugar en México en materia de violación de esos derechos, las cuales son verdaderamente lapidarias. Y los señalamientos que hace al gobierno y al Estado mexicanos son contundentes y reflejan la preocupación de personas afectadas por tales hechos y también la de las organizaciones de la sociedad civil que mantienen una decidida postura de denuncia y de petición de justicia y soluciones.

Es importante recordar que entre marzo de este año y esta semana que aún no concluye, se han recibido cuatro importantes documentos que se relacionan de manera directa con los problemas de seguridad y justicia que enfrenta nuestra sociedad, los cuales fueron elaborados por instancias internacionales a las que el gobierno mexicano extendió una invitación. Y también es inevitable hacer notar que la reacción oficial ante las mismas no ha sido homogénea.

El 9 de marzo, el señor Juan Méndez, Relator especial de la ONU sobre la tortura afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización que en México “La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizado”.

Tal afirmación motivó la reacción inmediata de rechazo del embajador de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra y al día siguiente el Secretario de Relaciones Exteriores se pronunció en el mismo sentido. Días después el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, manifestó que el desempeño del Relator no había sido “profesional y ético”.

En febrero del año que corre se iniciaron en Washington los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en relación con los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en Iguala en septiembre de 2014. A principios del mes pasado el GIEI presentó al gobierno mexicano un primer informe (expediente de más de 500 hojas), resultado de los trabajos de investigación documental y de campo. En conocimiento de dicho informe, que contradice algunas de las conclusiones más relevantes a las que habían arribado instancias gubernamentales mexicanas, la instrucción dada al más alto nivel fue en el sentido de que las pesquisas en curso acerca de este caso tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI.

Del 28 de septiembre al 2 de octubre una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita en la que estuvo en 6 entidades federativas y celebró reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con diversas autoridades. Sus preocupaciones centrales eran las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura. Al final de su estancia en México, la delegación ofreció una conferencia de prensa en la cual su vocera afirmó que la “grave crisis de derechos humanos que se vive en México [está] caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia”.

En este caso la réplica a tal afirmación corrió a cargo del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien manifestó que se trataba de una generalización sin fundamento. Por mi modesta parte, afirmé que el informe preliminar del grupo de la CIDH dado a conocer a la prensa lo hubieran podido redactar en sus oficinas en Washington, copiando lo que han dicho los medios informativos impresos y electrónicos mexicanos más críticos. Se hubieran ahorrado lo de los pasajes.

Regreso a la declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien, entre otros conceptos, dijo lo siguiente: “hay una fuerte convergencia de miradas sobre el alcance y la naturaleza de los problemas de derechos humanos en México entre los órganos de Naciones Unidas, la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil, la academia, el cuerpo diplomático – y sobre todo, entre los sobrevivientes y familiares de las decenas de miles de víctimas”. Más claro y demoledor, casi imposible.

Sin embargo, el ahora Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, manifestó que el gobierno de México, encontró “amplias coincidencias” con lo declarado por el Alto Comisionado debido a que “conoce el país y su informe no estaba previamente hecho”.

En su declaración el señor Zeid Ra’ad Al Hussein se había referido a las reacciones negativas del gobierno en relación con el informe del Relator sobre la Tortura y con el contexto de las recomendaciones de la CIHD, y al respecto afirmó “Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México”.

Antes de entrar en los temas complicados, el Alto Comisionado había reconocido que  “México ha jugado un papel muy importante y constructivo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra; recientes ejemplos de este positivo compromiso incluyen el auspicio a algunas resoluciones clave sobre los derechos de los migrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidad, así como sobre la independencia de las juezas y los jueces. México también ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos más importantes”.

Como puede verse, hay de mensajeros a mensajeros, aunque el mensaje sea prácticamente idéntico e igualmente preocupante.

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