Centro Público

¿A quién defiende la SCJN?

Ayer siete de mayo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 117/2014 relativa a la impugnación que realizó el Senado de la República en contra de las Reglas de Portabilidad Numérica que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la decisión fue declarar infundada la pretensión del Poder Legislativo, cuya queja iba en el sentido de que el IFT se había extralimitado en sus facultades al imponer nuevos requisitos técnicos y reducir los horarios para que un usuario de telefonía se pueda cambiar de compañía telefónica, por tanto el IFT no se había ajustado a lo que dispone la Ley en cuanto a la sencillez y rapidez que debe imperar en el trámite de cambio de compañía telefónica, y por consecuencia, se afecta a los usuarios.

Sorpresivamente, algunos ministros de la SCJN inventaron una nueva “teoría jurídica” sobre los órganos constitucionales autónomos, como el IFT, llegando a extremos de expresar que la facultad regulatoria de dichos órganos no está sujeta al principio de reserva de Ley, en palabras llanas: Que no les aplica el deber de ajustarse a la letra de Ley, ya que su “autonomía” les da y les alcanza para regular aspectos técnicos, donde dicha facultad de crear normas le deviene directamente de la Constitución; no obstante lo anterior, también se afirmó que las disposiciones del IFT deben sujetarse a un “principio de no contradicción” con las Leyes que emita el Congreso.(No entendí la novedosa teoría de la SCJN, tal vez era más sencillo y lógico, declarar lisa y llanamente que el IFT si está sujeto al mandato de la Ley)

De acuerdo a la Ley, existe el derecho del usuario de cambiarse de compañía conservando el número telefónico al que te llaman familiares, amigos y contactos de trabajo, bastando únicamente la identificación del usuario y la manifestación de la voluntad de cambiarse de compañía, lo que debe suceder en menos de 24 horas, pero la facultad regulatoria del IFT, fue más allá, “a fin de asegurar aspectos técnicos y darle viabilidad a la Ley”, exigió la obtención de un NIP (número de identificación personal), el envío de un mensaje de texto, el llenado de un formulario, entrega de documentos y el trámite sólo se podía hacer de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y las 24 horas serían computadas en día hábiles.

¿Qué cree Usted que paso con las solicitudes de cambio de compañía telefónica bajo las reglas que emitió el IFT? Pues sí, cayó el número de solicitudes de portabilidad en más de un 40%, los trámites rechazados se duplicaron y según cálculos de algunos especialistas se afectó a más de medio millón de personas, por lo que ante el efecto dramático que causo el ejercicio de la facultad regulatoria del IFT, se inició un proceso de corrección de dicha regulación técnica a través de una consulta pública cuyo único camino plausible es eliminar requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica, tal y como lo había ordenado la Ley.

Regresando a la realidad, si Usted tal vez ha tratado de cambiarse de compañía telefónica, poco le importen las anteriores disquisiciones jurídicas, lo que Usted desea es moverse de compañía conservando su número telefónico, ya que así le conviene por el ofrecimiento de mejores tarifas, mayor cobertura o simplemente porque se ha decepcionado del servicio del servicio telefónico que le prestan.

Es irrefutable, que a nadie le gustan los trámites, y menos, los que contienen limitaciones de horario, con diversos pasos para realizar, que son tardados, que incluyen el pago de dinero, o con requisitos inentendibles para aquel que realiza el trámite; de ahí que muchos usuarios prefieran seguir en la misma compañía ante el laberinto kafkiano que se inventan las autoridades, o peor aún, si los posibles ahorros de cambiarse de compañía telefónica se esfuman ante el pago de penas convencionales en las letras chiquitas de los contratos.

Creo que la SCJN hizo mal en defender a ultranza la autonomía de un nuevo órgano constitucional (IFT), el arbitrio judicial debe ser imparcial y completo, tomando en su justa medida las expresiones de cada una de las partes así como los hechos objetivos del asunto planteado, en este caso, es indubitable que la emisión de la regulación técnica sobre cómo llevar a cabo la portabilidad numérica fue ineficiente.

Los Tribunales Constitucionales en su más pura esencia deben proteger la regularidad constitucional, concepto que no debe entenderse como respaldo a las instituciones del Estado, sino a los ciudadanos que forman el Estado; la legitimidad de una institución no puede ni debe darse por la vía de la declaración judicial sino por el convencimiento de que sus actos están enfocándose a regular eficientemente la materia que le corresponde.

Por ello, la SCJN debió ponerse del lado de los usuarios, y dar cuenta que el IFT erró en las reglas de portabilidad que emitió, esa es precisamente su función democrática: Corregir a las instituciones conforme a los principios de la Constitución y la Ley.

El caso no debió verse como darle la razón al IFT o a los legisladores que promovieron la demanda de controversia constitucional, tampoco debe verse sobre si se favorece a los intereses económicos que desean una portabilidad tardada (El monopolio en telefonía, Telmex-Telcel) o respecto de aquellos que desean una portabilidad expedita (Competidores del Monopolio).

La regulación en telecomunicaciones debe ser tal, que sea el usuario quien decida, libremente, sin obstáculos o requisitos innecesarios, sobre la compañía que le presta el servicio telefónico. Así de fácil.

Cajón de Sastre

Y usted, ¿Ha intentado cambiarse compañía telefónica? ¿Cuánto se tardó en hacer el trámite de portabilidad numérica? ¿Fue en menos de 24 horas? ¿Qué requisitos te exigieron? ¿Fue un trámite sencillo?.¿Te convino el cambio de compañía?.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

Add comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Algo mas para visitar

CP en Twitter

CentroPublicoMX Comunicación y Poder; medios públicos, estatales y gubernamentales. @yosoyjavo escribe sobre las facultades de la… https://t.co/GByzqOMp22
CentroPublicoMX Imperdible la exposición #HitchcockMásAllá en la ⁦@CinetecaMexico⁩. Ximena Apisdorf nos sumerge en el suspenso y… https://t.co/SiQDoyPWhu
CentroPublicoMX Nuestro Jefe Editorial con @temoris comentando el documental: #NoSeMataLaVerdad. https://t.co/JqqkrjIKTk
CentroPublicoMX Deben leer la historia de #IsabellaSpringmuhl. Coraje ante la adversidad y una gran resilencia, la han colocado en… https://t.co/gBSCwce8DF
CentroPublicoMX El costo real de la moda y el mercado de prendas en el hiperconsumismo o sobre la huella ecológica de la industria… https://t.co/5jcWm5wcNk