Como lo habíamos anticipado hace dos semanas, finalmente se materializó la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de recorrer el calendario de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta (dos meses y medio), dado que aún no se aprueba la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, atorada en el Senado de la República.

Este estado de cosas no sólo complica la toma de decisiones al interior del IFT sino que envía señales muy poco favorables para los inversionistas que buscan prestar el servicio de televisión abierta a través de dos nuevas cadenas nacionales, uno de los objetivos de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013.

El propio Pleno del IFT reconoce que: “… encontrándose pendiente la emisión de la legislación referida… (Constituye) un desincentivo a la inversión, tanto para posibles participantes como para la obtención de financiamiento”.

Nuestro país no debe generar condiciones de inversión cercanas a la aventura. No existe economía desarrollada que antes no haya estado comprometida en dar seguridad jurídica a la inversión; lo demás son actos declamatorios irresponsables que tarde o temprano paga la población. Cada cadena de televisión tendrá un costo, de entrada, de 830 millones de pesos, con inversiones adicionales estimadas en 3 mil 200 millones de pesos, lo que hace evidente que nadie en su sano juicio invertiría tales montos a oscuras.

El riesgo aumenta para los inversionistas de las nuevas cadenas de televisión si se llegase a permitir fast track que el operador preponderante en telecomunicaciones (Telcel/Telmex), que concentra 75 por ciento de líneas móviles y 70 por ciento de las fijas, prestara el servicio adicional de televisión sin una evaluación seria del cumplimiento de sus obligaciones concesionarias y de su impacto en el mercado. Un dilema negativo en cualquier caso, la decisión final de atrasar las fechas de la licitación para septiembre próximo genera malas señales para los inversionistas.

Preocupa que nuestro país ofrezca estas condiciones para la inversión en la primera licitación de televisión abierta de los últimos 25 años. La ausencia de una legislación secundaria coloca a los posibles inversionistas interesados en el sector telecomunicaciones y radiodifusión (no sólo de las nuevas cadenas de televisión) en mala posición. Invertir en México no debe ser una aventura, insistimos.

De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, la ausencia de ley ha generado la incapacidad de atraer 48 mil 642 millones de pesos de inversiones privadas y 9 mil 944 millones de pesos de inversiones públicas, pérdidas por eficiencia al aparato productivo nacional por 50 mil 88 millones de pesos y 8 mil 723 millones de pesos en empleos no generados.

Mientras tanto, ciertos líderes y legisladores del PAN y PRD siguen regateando la nueva legislación en una madeja de temas cruzados, chantajes e intereses sin fin. El país no merece tal respuesta de su clase política. Es hora de aprobar la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo demás es olvidarse de la gente en aras de un beneficio propio.

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Sobre el autor

Federico González Luna Bueno

Federico González Luna Bueno

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados. Su trayectoria profesional inicia en el sector financiero en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para 1995 se desempeñó como Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta el año 2000, destaca su participación en la coordinación del grupo legal que elaboró la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, del Reglamento de Comunicación Vía Satélite y del Reglamento de Televisión y Audio Restringido, entre otros ordenamientos. Encabezó diversos grupos de trabajo que llevaron a cabo la negociación de diversos tratados bilaterales y multilaterales internacionales en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y satélites. Fundador de la firma legal González Luna y Álvarez del Castillo, S.C., miembro fundador y expresidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones; igualmente fue integrante en el Consejo Consultivo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Mercantil en la UNAM, además de conferencista en diversos foros de México y el extranjero. Colabora editorialmente para el periódico “El Financiero” y en el programa de televisión “Economía de Mercado” en temas de telecomunicaciones. Actualmente es diputado federal por la LXII legislativa, donde es presidente de la Comisión de Radio y Televisión y secretario de la Comisión de Comunicaciones.

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