Centro Público

911

Dentro de las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, en el contexto de mejorar la seguridad pública y justicia en nuestro país, dentro de lo que destaco mediáticamente, fue el anuncio relativo a la aceleración de la implementación de un número único de emergencias a nivel nacional.

Ello significaría que los bomberos, cruz roja, policías, servicios de emergencia y protección, entre otros, pudiesen atender en forma rápida y oportuna diversas situaciones de emergencias; debo advertir que para hacer realidad lo anterior no basta con que así lo exprese la ley, sino que debe existir toda una labor previa de coordinación entre operadores telefónicos, el IFT, las autoridades en materia de seguridad pública, protección civil, servicios médicos de emergencia, del orden federal, local y municipal.

Las quejas contra la propuestas fueron desde críticas simplonas tales como decir: “ya está previsto en la Ley”, “se trata de un refrito de los gobiernos anteriores”, “ello no va a solucionar nada”… hasta cuestiones más de fondo como podrían ser: “no tiene caso llamar para denunciar un delito que se está cometiendo si la policía esta coludida”, “¿cuánto nos va a costar?”, “¿porque sólo el empeño en el teléfono si existen ya otros medios tecnológicos como el internet para solicitar auxilio?”.

El hecho es que a la fecha, tal número telefónico único nacional no existe, se usan diversas marcaciones siendo las más recurrentes, el 066 y el 089, de ahí que la propuesta del Ejecutivo Federal de acelerar y dar claridad al proceso, es en mi opinión, de lo más oportuna, el objetivo es claro, el servicio público 911 debe convertirse en una útil herramienta ciudadana, no sólo para hacer denuncias, sino para atender todo tipo de emergencias en forma oportuna, trátese del servicio de policía, salud, urgencias médicas, bomberos, protección civil, desastres naturales, accidentes.

Es evidente, que dicha medida no resolverá la situación por la que estamos atravesando pero al menos es parte o una pequeña porción de todas las acciones que se deben adoptar; burlarse de la medida propuesta y de quien lo propone, no creo que abone ni un ápice a la construcción de un mejor país.

El debate debiese dirigirse a cómo lograr una amplia campaña para su difusión en la población, el acuerdo con fabricantes de tecnología para que se incorporen teclas de emergencia con dicho número que lo hagan disponible a niños, ancianos o personas con discapacidad, especificar tiempos de respuestas para la atención de las llamadas, así como para la recepción del servicio de emergencia, por ejemplo, en Estados Unidos de América, las llamadas al 911 se contestan generalmente en 12 segundos o menos, precisar qué tipo de asuntos o emergencias se atenderán, de dónde vamos a sacar el dinero para los centros telefónicos de atención, cómo va a ser el proceso de capacitación y verificación del control de confianza del personal que laborará en los centros de atención, cómo vamos a lograr que un operador telefónico esté calificado para atender todo tipo de emergencias, ¿vamos a castigar como delito a quien haga llamadas de urgencias falsas o sólo lo vamos a multar?

La discusión en otros países, se centra en la evolución de las nuevas tecnologías, donde la denuncia o el llamado de urgencia se puede geolocalizar, enviar vídeos y fotos en tiempo real de la situación de emergencia a través de dispositivos móviles, mientras, en México seguimos discutiendo si la geolocalización es constitucional (aunque la Suprema Corte haya dicho previamente que es plenamente valida, no obstante un grupo de izquierda se empeña en decir vehementemente lo contrario).

No basta que la figura o institución este prevista en la Ley, hay mucho trabajo por hacer, ojala y los “tuiteros”, los que hacen “memes” y los seudoperiodistas hagan un ejercicio más cabal de su libertad de expresión y no sean comparsa de un claro interés político por denostar al gobierno en turno, donde paradójicamente los que critican quieren ser gobierno.

No niego que como decía Jefferson, “Prefiero periódicos sin gobierno, a un gobierno sin periódicos” pero yo prefiero un ciudadano que participe con opiniones y propuestas a uno que critique irreflexivamente y como acto reflejo de su interés por acceder al poder político.

A manera de retal, tengo bien claro que existe crisis y descontento social en nuestro país, un clima de hartazgo y preocupación, que resuena en los medios de comunicación y que llega a más personas con el uso de nuevas tecnologías móviles, que además se ve aderezado por aquellos que se limitan a pedir la renuncia del Presidente antes del 1 de diciembre de este año, ya que en su imaginario las nuevas elecciones resolverán los problemas existentes.

Marcos Manrique

Marcos Manrique

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el grado de maestría aprobado con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad, además tiene estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la misma Facultad, cursó el Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y acreditó el Curso Básico de Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, como mejor promedio de la generación 2011, actualmente en cursa el Diplomado en Competencia Económica en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

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